El Proyecto de Ley 2987/26 crea la Política Nacional de Valorización, Cualificación, Formalización y Protección Productiva de Costureras, Costureros y Trabajadores de la Confección. La iniciativa deberá considerar género, raza, ingresos, edad, discapacidad, territorio y condición migratoria. La propuesta prioriza grupos más expuestos a la informalidad, a la baja remuneración, a la falta de protección previsional y a la precarización del trabajo.
El texto en análisis en la Cámara de Diputados es de autoría del diputado Marcos Tavares (PDT-RJ).
Según datos de la Asociación Brasileña de la Industria Textil y de Confección (Abit) citados por el autor, la cadena textil y de confección movió R$ 203,9 mil millones en 2023. El sector también creó 30,7 mil puestos de trabajo entre enero y octubre de 2024, siendo 14,2 mil en la industria textil y 16,5 mil en la confección.
Marcos Tavares afirmó que la política ofrece medios para la formalización y mejora de ingresos sin criminalizar a pequeños emprendedores o trabajadores autónomos.
“La proposición no se limita a reconocer simbólicamente la categoría: crea directrices concretas para cualificación, formalización, crédito productivo, compras públicas, rastreabilidad social, sostenibilidad y combate a la precarización”, reforzó el diputado en su justificación.
Crédito
Entre las medidas, el texto prevé que bancos públicos federales creen líneas de crédito orientadas para costureras, costureros, microemprendedores individuales, cooperativas, asociaciones productivas, emprendimientos familiares y pequeñas unidades de confección.
El financiamiento podrá ser utilizado para comprar, reemplazar o hacer el mantenimiento de máquinas de coser y de corte, además de equipos de acabado y de protección, mobiliario ergonómico, materia prima, insumos, tecnología, digitalización y capital de giro.
El proyecto también permite priorizar emprendimientos liderados por mujeres, madres solteras, personas negras, personas con discapacidad, ancianos, migrantes y trabajadores de bajos ingresos, entre otros grupos.
Compras públicas
En las contrataciones públicas de uniformes escolares y hospitalarios, vestuario profesional, juegos de cama, ropa institucional, artefactos textiles y productos relacionados, los organismos públicos podrán adoptar:
- criterios de sostenibilidad social, ambiental y económica compatibles con el objeto de la contratación;
- planificación que considere la capacidad productiva local y regional;
- división de la contratación en ítems o lotes, cuando sea técnica y económicamente viable, para ampliar la participación de microemprendedores individuales, microempresas, empresas de pequeño tamaño, cooperativas y asociaciones productivas;
- exigencias de regularidad laboral y previsional, además de la prohibición de trabajo infantil, forzado o análogo a la esclavitud;
- estímulo a la subcontratación de pequeños emprendimientos locales, siempre que sea legal y transparente y que se mantenga la responsabilidad de la empresa contratada, la rastreabilidad de la cadena y el cumplimiento de la legislación; y
- control de calidad, plazos adecuados y pago regular, además de medidas para evitar precios inviables que puedan llevar a la precarización de la mano de obra.
Combate a la precarización
La propuesta también crea las siguientes directrices para prevenir y combatir delitos en la cadena de confección:
- prevenir y combatir el trabajo infantil y análogo a la esclavitud;
- combatir la intermediación abusiva de mano de obra y fraudes laborales;
- prevenir jornadas excesivas y metas incompatibles con la salud;
- combatir la retención de documentos de los trabajadores;
- enfrentar el endeudamiento coercitivo o abusivo;
- combatir condiciones degradantes de trabajo;
- proteger a migrantes, inmigrantes, refugiados y otros trabajadores en situación de vulnerabilidad;
- orientar a pequeños negocios sobre regularización, contratos, salud y seguridad en el trabajo;
- integrar acciones de desarrollo, orientación y fiscalización para combatir irregularidades sin impedir la actividad económica regular.
El texto también prevé mecanismos de rastreabilidad social. Estos mecanismos podrán incluir la identificación de proveedores y unidades productivas, la comprobación de regularidad laboral y previsional, canales de denuncia, auditorías y medidas correctivas. Las exigencias deberán tener en cuenta el tamaño y la capacidad económica de los pequeños emprendimientos.
Salud y seguridad
La política deberá considerar los riesgos relacionados con la actividad de costura, como problemas ergonómicos, posturales, visuales, respiratorios, mecánicos y psicosociales.
El texto cita, entre otros factores, largos períodos sentados, movimientos repetitivos, iluminación inadecuada, ruido, polvo textil, presión por productividad y uso de máquinas de corte y costura.
Próximos pasos
El proyecto será analizado de forma conclusiva por las comisiones de Industria, Comercio y Servicios; de Trabajo y de Constitución y Justicia y de Ciudadanía. Para convertirse en ley, necesita ser aprobado por la Cámara y el Senado.
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