La Medida Provisional (MP) 1394/26 extingue las apuestas de cuota fija (bets) en el país. La propuesta prohíbe la explotación, la oferta, la intermediación y la publicidad de apuestas, incluidas las ofrecidas por empresas con sede en el extranjero a personas en Brasil.
El texto incluye tanto las plataformas virtuales como eventuales modalidades físicas de apuestas deportivas y juegos en línea. La norma revoca las legislaciones anteriores que habían regulado el sector en el país.
Entre los principales puntos de la medida provisional están:
- Fin de las operaciones: la MP interrumpe la autorización para el funcionamiento de empresas de apuestas en Brasil.
- Prohibición de publicidad: se prohíben anuncios, campañas de marketing, patrocinios y cualquier tipo de divulgación comercial de sitios de apuestas.
- Retirada de plataformas: aplicaciones y sitios del sector deben salir del aire y dejar de estar disponibles en las tiendas virtuales de sistemas operativos.
- Retiro de saldos: las reglas establecen plazos y procedimientos para que los apostadores puedan rescatar los recursos financieros que aún tienen depositados en las plataformas.
Calendario
La medida provisional establece además un calendario para el cierre de las plataformas y la devolución de los valores que permanezcan en las cuentas de los apostadores:
- 25 de septiembre: publicación de la MP y inicio de la prohibición de nuevos aportes.
- 5 de octubre, a las 23h59: termina el plazo para la retirada voluntaria de los valores.
- 6 de octubre: sitios y aplicaciones de apuestas deberán salir del aire.
- 7 y 8 de octubre: las empresas deberán informar a los bancos los saldos remanentes, discriminados por CPF.
- 9 a 14 de octubre: las instituciones financieras deberán devolver los valores a los apostadores.
- A partir del 14 de octubre: en caso de impedimento para la devolución, la Caixa Econômica Federal recibirá los recursos y realizará el pago a los apostadores.
Sancciones
Con la publicación de la MP, el gobierno estableció sanciones directas para personas físicas y jurídicas que incumplan las determinaciones.
Las penalidades incluyen advertencias y multas que pueden llegar a R$ 2 mil millones, además de la suspensión de actividades.
Fiscalización
El texto prevé la creación del Comité Interinstitucional de Fiscalización, coordinado por la Casa Civil, uniendo el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Justicia, la Policía Federal, la Receita Federal y el Banco Central para reprimir la actividad ilegal.
Las acciones de control incluyen:
- bloqueo de dominios de internet;
- remoción de aplicaciones de las tiendas virtuales;
- restricción y bloqueo de medios de pago y cuentas utilizadas de forma ilegal; y
- rastreo de los recursos financieros movidos por las plataformas.
Próximos pasos
Como toda medida provisional, la norma ya está en vigor a partir de la publicación, pero debe ser aprobada por la Cámara y el Senado en un plazo de 120 días para convertirse en ley.
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