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Decisión judicial a favor de la enseñanza

27/02/2024 • Por Criar Comunicacao • Leitura de 2 min
27/02/2024

El despacho Amarildo Santos Abogados Asociados cuenta con una nueva decisión que salió el pasado 20 de febrero, sobre un Mandado de Seguridad sobre el proceso selectivo contra el Edital 39/2023 – de la Secretaría de Educación del Estado de Espírito Santo- SEDU que trata de la puntuación de prácticas.

De acuerdo con el abogado especialista en Magisterio Público, Amarildo Santos, en noviembre de 2023, el despacho llevó al poder judicial del estado de Espírito Santo, un mandado de seguridad que discutía la ausencia de igualdad en la nota para quienes practicaron prácticas o actuaron como pasantes de licenciatura en el período de 2013 a 2023.

De acuerdo con el abogado, el Tribunal de Justicia aceptó la tesis y determinó que se retirara del proceso selectivo la puntuación de las prácticas, el día 24 de enero.

“En noviembre de 2023, antes de la convocatoria, tan pronto como se publicó el edital, el despacho presentó el mandado de seguridad, solicitando que se eliminara la puntuación de prácticas de los profesionales habilitados, de quienes tuvieron esta puntuación, determinando que el Estado de Espírito Santo y la Secretaría de Educación debían retirar esta puntuación de las prácticas, y que tendrían que rehacer la lista de clasificación”, afirma.

El estado fue notificado, la Procuraduría General del Estado también y no tuvieron respuesta. El desembargador dio un despacho de cumplimiento de la decisión, el Estado no se manifestó.

El despacho presentó la petición con dos solicitudes, solicitando al Tribunal de Justicia que aumentara la multa de R$ 500,00 que ya había sido aplicada diariamente, que fuera incrementada, es decir, aumentada.

Hicieron las dos solicitudes, y fueron aceptadas, la multa fue incrementada a R$ 2000,00 –siendo que ya existe la multa anterior por un valor de R$ 500,00 diario, desde el 24 de enero hasta la fecha actual. El desembargador relator del proceso determinó el cumplimiento de la decisión, bajo pena de responsabilidad criminal del Secretario de Educación del Estado.

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