Amenazas llevan a servidores ambientales a defender la tenencia de armas

En medio de la carrera electoral en Brasil, diferentes propuestas para ampliar la tenencia de armas de fuego a servidores ambientales están en trámite en el Legislativo — y ya cuentan con el apoyo de algunos profesionales del sector. Las medidas en discusión tienen como foco tanto a instituciones que hoy no poseen esta autorización, como la Funai y órganos estatales y municipales de medio ambiente, como a entidades federales que ya prevén su utilización. Es el caso del Ibama y del ICMBio, cuyos servidores buscan autorización para portar armamento fuera del horario de trabajo, por miedo a represalias. En el Senado Federal, el PL 2326/2022, que autoriza el armamento de funcionarios de la Funai “en actividades de fiscalización”, sigue en análisis tras pasar por diferentes comisiones. Ya en la Cámara de Diputados, el PL 5429/2023, que versa sobre la tenencia de armas para servidores de la misma fundación “que efectivamente ejerzan actividades en tierras indígenas”, también espera un nuevo avance. El alcance de las medidas ha ido aumentando. En 2025, la Comisión de Medio Ambiente (CMA) del Senado aprobó una enmienda al PL 2326/2022, que pasó a contemplar también a los servidores del Ibama y del ICMBio, cuyo derecho a la tenencia de armas en servicio ya está previsto por ley y por regulaciones específicas. “Necesitamos garantizar que no sea ‘una aventura’ trabajar en la Funai”, dijo Wagner Pereira Sena, director de la Asociación Nacional de Servidores de la Funai (Ansef) y servidor público desde hace más de 45 años. Según Sena, que también es especialista en gestión territorial y regularización fundiaria en tierras indígenas, convencer…This article was originally published on Mongabay